- No haber comparado la póliza entre otras aseguradoras antes de la contratación.
- No haber consultado el Buró de Entidades Financieras para conocer el desempeño operativo de la aseguradora y la calificación otorgada por la CONDUSEF.
- Haber celebrado el contrato de seguro, sin haber leído previamente sus condiciones generales.
- Desconocer el alcance de cada una de las exclusiones pactadas en la póliza.
- Ignorar los plazos legales y contractuales para el pago de la prima, la notificación del siniestro y la prescripción de las acciones.
- No haber cotejado los datos de la carátula de la póliza en el seguro de automóvil contra la factura del vehículo, para asegurar la precisión de la información.
- Desconocer la red de médicos, hospitales de convenio, así como los deducibles, coaseguros, tabuladores médicos y, los periodos de espera en el seguro de gastos médicos mayores.
- Carecer de un protocolo claro para la notificación formal del siniestro a la aseguradora.
- Desconocer los requisitos y la documentación que requerirá la aseguradora, en caso de ocurrencia de un siniestro.
- Incurrir en el desconocimiento de la Ley sobre el Contrato de Seguro y el Reglamento de Agentes de Seguros y de Fianzas, cuando la contratación se realiza mediante la intermediación de un agente.
- Desconocer el procedimiento formal de reclamo del siniestro, sus etapas y los mecanismos de actuación ante retrasos injustificados en la respuesta de la aseguradora.
- Desconocer el alcance de conceptos jurídicos fundamentales como nulidad, rescisión, cesación de efectos, prescripción, subrogación, agravación del riesgo y extinción de obligaciones previstos en las condiciones generales.
- Ignorar las consecuencias jurídicas de incurrir en declaraciones falsas u omisiones inexactas al momento de la contratación, durante la vigencia de la póliza o al declarar el siniestro, así como la no declaración de padecimientos preexistentes en los seguros de vida o gastos médicos.
- Desconocer la posibilidad de incrementos en el costo de la prima derivados de factores como la edad del asegurado, la siniestralidad acumulada o variaciones fiscales.
- No contar con la asesoría de un abogado especialista en derecho de seguros desde el diseño de la cobertura y durante la vigencia de la póliza, así como en la atención del siniestro o el eventual litigio ante los tribunales competentes.
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