Evolución, arquitectura financiera actual y el reto pendiente frente a inundaciones y sismos, para el sector asegurador
Introducción
Cada año que pasa, el riesgo catastrófico en México deja de ser una hipótesis estadística y se convierte en una factura concreta. El sector asegurador —público y privado— ha construido, durante casi tres décadas, una arquitectura financiera cada vez más sofisticada para transferir ese riesgo. Pero esa arquitectura ha cambiado de forma, ha sufrido rupturas institucionales y hoy convive con una realidad incómoda: los fenómenos hidrometeorológicos y sísmicos crecen en frecuencia e intensidad más rápido de lo que crece la cobertura disponible, tanto para el Estado como para el ciudadano común. Este artículo traza esa evolución y examina qué tan preparado está, hoy, el sistema mexicano de transferencia de riesgo catastrófico.
- Del FONDEN a la extinción de un modelo (1996–2020)
Durante más de dos décadas, la columna vertebral de la protección financiera del Estado mexicano frente a desastres fue el Fondo de Desastres Naturales. El FONDEN, creado en 1996, tenía como objetivo proporcionar apoyo a los estados y a la administración pública federal en tiempos de catástrofes, y se activaba mediante declaratorias de emergencia o desastre. A partir de 2006, ese fondo dejó de depender solo del presupuesto público: el Banco Mundial reconoció al FONDEN como uno de los vehículos más avanzados del mundo para gestionar desastres naturales, ya que combinaba reservas propias con Bonos Catastróficos contratados en 2006, 2009, 2012, 2017 y 2018. Ese esquema mixto demostró su utilidad en momentos críticos: con esos bonos se obtuvieron 50 millones de dólares tras el huracán Patricia en 2012, y 150 millones de dólares después del sismo de 2017.
El modelo se interrumpió de forma abrupta en 2020. Bajo el argumento de liberar recursos públicos frente a la pandemia, el Congreso aprobó la extinción de 109 fideicomisos, entre ellos el FONDEN, que dejó de tomar nuevos compromisos en 2021 y transfirió a la Tesorería de la Federación una bolsa remanente de 25 mil millones de pesos. La decisión generó un debate que persiste hasta hoy: especialistas como José Luis Luege Tamargo advirtieron que se trataba de recursos inmediatos y fundamentales para la población vulnerable frente a sismos, sequías, inundaciones, huracanes y erupciones volcánicas, y que su desaparición ponía en riesgo tanto vidas como el desarrollo de comunidades enteras. La crítica se intensificó cuando el huracán Otis golpeó Acapulco en 2023 sin que existiera ya el mecanismo original.
- El nuevo esquema: presupuesto, seguros y bonos combinados
Lo que sustituyó al FONDEN no fue un vacío total, sino un mecanismo distinto —más fragmentado y, según sus críticos, menos robusto—. Hoy el gasto en desastres depende de una combinación de instrumentos: el Fondo de Desastres Naturales opera ahora como un programa presupuestario dentro del Ramo 23, con más de 19 mil millones de pesos autorizados anualmente por la Cámara de Diputados, complementado con seguros patrimoniales de las dependencias federales y con el instrumento más relevante en términos de transferencia de riesgo: el Seguro para Catástrofes.
Ese seguro ha evolucionado de forma notable en montos. Para el periodo 2023-2024 ascendía a 5 mil millones de pesos, acompañado de un Bono Catastrófico 2020-2024 por 485 millones de dólares. Tres años después, el salto es considerable: en junio de 2026 el Gobierno de México renovó el Seguro para Catástrofes 2026-2027 duplicando su cobertura de 5 mil a 10 mil 400 millones de pesos (596.7 millones de dólares), con vigencia del 5 de junio de 2026 al 5 de mayo de 2027, cubriendo todo el territorio nacional ante sismos, erupciones volcánicas, huracanes e inundaciones de severidad media alta. El instrumento se integra por un Fondo de Administración de Pérdidas de 400 millones de pesos y un seguro paramétrico de 10 mil millones de pesos, diseñado para garantizar una respuesta financiera oportuna ante catástrofes de alta severidad, con Agroasemex, S.A. como aseguradora,la paraestatal especializada del Estado mexicano.
Ese diseño paramétrico merece una precisión técnica para el sector: a diferencia de un seguro tradicional, que indemniza tras verificar el daño efectivo, un seguro paramétrico libera recursos de forma automática cuando un índice objetivo y verificable —magnitud sísmica, velocidad del viento, nivel de precipitación— cruza un umbral predefinido. Es el mismo principio que empieza a extenderse en el mercado privado latinoamericano como respuesta a la lentitud del ajuste tradicional de siniestros en eventos masivos.
- Por qué la duplicación de cobertura llegó ahora: la evidencia de 2025
El aumento en la suma asegurada no es una decisión aislada; responde a una tendencia medible. Entre enero y octubre de 2025, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros reportó que las aseguradoras privadas cubrieron poco más de 8 mil 4 millones de pesos por siniestros relacionados con lluvias, inundaciones y otros riesgos hidrometeorológicos, un incremento del 21% frente a todo el año 2024. Un solo evento explica buena parte de ese salto: las precipitaciones asociadas a una baja presión en el Golfo de México, entre el 7 y el 11 de octubre de 2025, provocaron 7 mil 134 siniestros y daños estimados por 4 mil 473 millones de pesos, de los cuales el 85% correspondió a viviendas, comercios e infraestructura federal, y el 15% restante a vehículos.
La magnitud humana de ese periodo fue aún mayor que la financiera. Las inundaciones y deslaves de octubre de 2025, provocados por los remanentes del huracán Priscilla, la tormenta tropical Raymond y una onda tropical del Atlántico, afectaron a más de 150 municipios en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, dejando 84 personas fallecidas, 17 desaparecidas, más de 100 mil viviendas destruidas y cerca de 1,000 kilómetros de carreteras dañadas. Las aseguradoras privadas recibieron aproximadamente 1,200 reclamaciones por ese evento, una cifra reveladora si se compara con el número real de viviendas afectadas: evidencia de la enorme brecha entre el daño ocurrido y el daño efectivamente asegurado.
A esto se sumó, en el mismo año, el huracán Erick, que tocó tierra el 19 de junio de 2026 como categoría 3 en Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, reforzando el patrón de una temporada de huracanes cada vez más agresiva sobre el Pacífico mexicano.
- La brecha de protección: el verdadero problema estructural
El dato más incómodo para el sector no es el monto de la cobertura estatal, sino la ausencia de cobertura privada en la base de la pirámide económica. En México, solo el 17% de las empresas cuenta con algún tipo de protección o seguro para hacer frente a siniestros una cifra que, tratándose de pequeños negocios, implica que la gran mayoría del tejido económico nacional queda completamente expuesto ante un evento catastrófico. Esa misma lógica se repite en el segmento residencial: la inmensa mayoría de las viviendas dañadas por las inundaciones de octubre de 2025 no contaban con póliza alguna, lo que explica la desproporción entre 100 mil viviendas destruidas y apenas 1,200 reclamaciones registradas por el sector asegurador privado.
Esta brecha de protección tiene una consecuencia directa sobre la discusión de política pública: cuando el aseguramiento privado es marginal, la totalidad de la carga de reconstrucción recae sobre el presupuesto público y sobre instrumentos como el Seguro para Catástrofes del Gobierno Federal —que, por diseño, protege el patrimonio del Estado, no directamente el patrimonio de las familias o las pymes afectadas. La discusión de fondo, cada vez más presente entre especialistas, es si México necesita «una verdadera arquitectura financiera contra desastres» que combine reserva pública con reglas claras, seguros privados masificados, bonos catastróficos y mecanismos de liberación inmediata, todo sujeto a fiscalización —en lugar de depender, año con año, de la disponibilidad presupuestal del Ramo 23.
- Lo que el mercado privado empieza a mostrar: paramétricos, sismos y una tendencia regional
El seguro paramétrico que hoy usa el propio Gobierno Federal para protegerse no es una anomalía aislada del sector público: es parte de una tendencia que ya se observa en toda la región. El principio —sustituir la verificación de un daño efectivo por la activación automática de una suma predeterminada ante la variación de un índice objetivo— responde exactamente al problema que evidenció octubre de 2025 en México: la lentitud y la subcobertura del ajuste tradicional frente a eventos masivos y simultáneos. Para aseguradoras privadas, agroaseguradoras y reaseguradoras que operan en México, el crecimiento proyectado de esta categoría de producto en Latinoamérica —impulsado directamente por el aumento en la frecuencia de huracanes, inundaciones e incendios asociados al cambio climático— representa tanto una oportunidad de negocio como una responsabilidad: extender el aseguramiento paramétrico más allá del ámbito federal, hacia estados, municipios, pymes y hogares, donde hoy la brecha de protección es más profunda.
En materia sísmica, el mercado mexicano ya cuenta con la memoria institucional necesaria para dimensionar el riesgo: los sismos de septiembre de 2017 dejaron pérdidas combinadas superiores a 2,000 millones de dólares para el sector asegurador, una cifra que sigue sirviendo como referencia de escenario extremo en los modelos actuariales del ramo de terremoto en México, y que confirma por qué la cobertura sísmica sigue siendo, junto con la hidrometeorológica, el eje central de cualquier estrategia catastrófica nacional.
- Una lectura de conjunto para el sector
Tres conclusiones se desprenden de este recorrido:
- La cobertura estatal crece, pero lo hace reaccionando al daño ya ocurrido, no anticipándolo. La duplicación del Seguro para Catástrofes en 2026 llegó después de una temporada de pérdidas récord, no antes. Es una respuesta correcta, pero tardía respecto al ritmo con el que el propio fenómeno climático se está acelerando.
- La verdadera vulnerabilidad de México no está en el patrimonio público, sino en el patrimonio privado no asegurado. Con apenas 17% de penetración del seguro entre las empresas y una fracción mínima de viviendas aseguradas frente a inundación, cada evento catastrófico se traduce en pérdida patrimonial irrecuperable para millones de familias y negocios —no en un siniestro indemnizado.
- El diseño paramétrico que hoy protege al Estado es, potencialmente, la herramienta que puede cerrar esa brecha en el mercado masivo. Su simplicidad operativa —pago automático sin necesidad de un ajuste presencial caso por caso— lo vuelve especialmente apto para geografías de difícil acceso y para segmentos de bajos ingresos, precisamente donde el aseguramiento tradicional nunca ha logrado penetrar.
Conclusión
El seguro para riesgos catastróficos en México ha recorrido, en menos de tres décadas, un camino que va de un fideicomiso público con reservas propias a un mosaico de instrumentos —presupuesto, seguro paramétrico, bono catastrófico— más flexible pero también más frágil frente a la discrecionalidad presupuestal. El incremento gradual y sostenido de inundaciones y sismos no es una proyección futura: es ya, medible en pesos y en vidas, la realidad de cada temporada de lluvias y cada ciclo sísmico. La pregunta que el sector asegurador mexicano tiene pendiente de responder no es si el Estado cuenta con cobertura suficiente, sino si el ciudadano y la pequeña empresa —los verdaderos ausentes en esta ecuación— la tendrán antes de que llegue el próximo evento.
Fuentes consultadas: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS); Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO); México Evalúa; Banco Mundial; Wikipedia (registro de inundaciones de octubre de 2025); y medios especializados en finanzas públicas y seguros.
Artículo elaborado con apoyo de inteligencia artificial (Claude, de Anthropic) y revisado por la Dirección de Cultura del Contrato de Seguro.